El Tribunal Permanente de los Pueblos: denuncia, encuentro y resistencias

En el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, se realizó el 15 y 16 de junio en la ciudad de Puebla, la Preaudiencia Temática sobre devastación social y ambiental generada por proyectos carreteros, en la cual se presentaron ante el Comité Dictaminador, conformado por cinco académicos de gran prestigio y de diversas instituciones, los testimonios de 10 casos particulares y una acusación general, relativos a proyectos carreteros y vialidades urbanas.
Para el caso de Puebla y Tlaxcala se presentó el testimonio del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Región Malinche, quienes desde hace cinco años se han enfrentado a la determinación del gobierno poblano de concesionar la construcción de un libramiento de Xoxtla a Amozoc a la empresa OHL, afectando a las comunidades ubicadas en el trazo donde pasaría dicha vialidad. Si bien el gobierno de Moreno Valle retiró la concesión a OHL, no hay ninguna certeza de que ello signifique la cancelación definitiva del proyecto, lo que mantiene en zozobra a los pobladores y afectados de la zona.

Los otros testimonios de los ejidatarios de Santiago Cuautlalpan, Texcoco, estado de México; Texcoco Unido; ejidatarios de la Comunidad de San Antonio Zoyatzingo, Amecameca, estado de México; Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra; Frente en defensa de Tepoztlán; Frente Amplio en Contra de la Supervía Poniente de Cuota en Defensa del Medio Ambiente; Colectivo Autónomo de los Barrios y Ejidos de San Nicolás Totolapan, Magdalena Contreras; Comuneros de Milpa Alta, D.F; Nación Pame A.C., Huasteca Potosina; Pobladores de San Pedro Tlanixco, Municipio de Tenengo; Frente Ciudadano en defensa de Loma de Santa María, Morelia, Michoacán y de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, muestran el embate del Estado y del capital privado en la zona centro del país y los procesos de resistencias que los pueblos están librando, frente al despojo y a una visión del desarrollo que los excluye.

Hace tiempo ya, desde el proyecto Angelópolis, identificamos y caracterizamos la acción del gobierno estatal a partir de los proyectos de expansión urbana e industrial en tiempos neoliberales como un patrón de despojo, mucho más abierto en beneficio de grupos y empresas privadas y de un sector de la burocracia institucional que construye su poder económico al amparo del poder público.

Por ello es pertinente el dictamen del Comité cuando afirma “ el discurso del progreso, asociado a la introducción de vías carreteras, se materializa en realidad en la conformación de jugosos negocios entre funcionarios gubernamentales –actuales y pasados–, legisladores y empresas de la construcción, inmobiliarias, financieras, bufetes de asesoría y demás. Esto se hace a costa de la invasión y apropiación de las tierras ejidales, comunales y pequeñas propiedades privadas, a las que se les modifica el uso del suelo y mediante la devastación de reservas ecológicas y mantos acuíferos, procesos que impactan negativamente la biodiversidad de las regiones y alteran la continuidad de los ecosistemas”.

Asociado a la construcción y ampliación del sistema carretero y a los consecuentes cambios en el uso del suelo y apropiación de los territorios, los proyectos carreteros incluyen ahora desarrollos inmobiliarios, centros comerciales y establecimientos de servicios dirigidos a la población de altos ingresos. La justificación de estas acciones es que se trata de proyectos de “utilidad pública”, cuestión que nunca es demostrada por las autoridades gubernamentales ni por los operadores y beneficiarios privados de estos proyectos.

Por el contrario, se afirma en el dictamen, los afectados directos: las poblaciones indígenas, los campesinos (comuneros y ejidatarios) y los pequeños propietarios no sólo se ven despojados de sus tierras, sino que además ven transformada su vida cotidiana y sus culturas por carreteras que fragmentan su territorio y restringen el libre tránsito en sus propias comunidades, agudizando la exclusión social.

Por ello, el espacio del Tribunal Permanente de los Pueblos permite, a partir de la denuncia de los grupos afectados, constituirse en un lugar de encuentro de los procesos de resistencia, que permiten identificar y compartir los difíciles caminos de las luchas sociales.

Fuente: La Jornada

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